Fue alcaldesa de María de Huerva durante 12 años (entre 2007 y 2019), ¿fue un buen aprendizaje para dar el salto a la política autonómica?

Sin ninguna duda. Siempre he dicho que la política municipal es la mejor escuela que puede tener cualquier servidor público. Es la administración más cercana a los ciudadanos, donde conoces de primera mano sus preocupaciones, sus necesidades y también sus ilusiones.

Ser alcaldesa me permitió estar en contacto directo con los vecinos cada día y comprender que detrás de cada decisión política hay personas concretas cuya vida puede mejorar gracias a una buena gestión. Además, en el ámbito municipal se percibe de manera muy rápida el impacto de las decisiones que se adoptan, porque los resultados son visibles en la vida cotidiana de la gente.

Durante aquellos doce años aprendí algo fundamental: que la política tiene sentido cuando sirve para resolver problemas, generar oportunidades y mejorar el día a día de los ciudadanos. Esa experiencia me ha acompañado siempre y ha sido una base extraordinaria para asumir responsabilidades en la política autonómica, sin perder nunca la perspectiva de para quién trabajamos y cuál debe ser nuestro objetivo: mejorar la vida de las personas.

Ahora es uno de los cargos fuertes del Gobierno aragonés como vicepresidenta y Consejera de Presidencia, Justicia y Cultura del Gobierno de Aragón, ¿qué retos se plantea en este momento en el área de Justicia en esta nueva etapa del Ejecutivo?

La implantación de la nueva Oficina Judicial ha supuesto uno de los mayores retos afrontados por la Administración de Justicia en los últimos años. Se trata de una reforma de gran calado que transforma la organización de los juzgados y la forma de prestar un servicio esencial para los ciudadanos. Sin embargo, una transformación de esta magnitud requería de una mayor planificación, más diálogo con los profesionales implicados y, sobre todo, una financiación adecuada por parte del Gobierno de España, que no ha estado a la altura de las necesidades generadas por este proceso.

Desde el Gobierno de Aragón hemos trabajado para que esta transición se desarrollara con las máximas garantías posibles, acompañando a jueces, fiscales, letrados, funcionarios y operadores jurídicos en una etapa especialmente compleja. Una vez culminada su implantación, el objetivo debe ser corregir las disfunciones detectadas, escuchar a los profesionales y adoptar las medidas necesarias para consolidar un modelo más eficiente, ágil y cercano a los ciudadanos.

En paralelo, afrontamos una nueva etapa en la que la modernización tecnológica de la Justicia debe convertirse en una prioridad. La digitalización, la simplificación de procedimientos y la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas no son una opción, sino una necesidad para ofrecer una Justicia más accesible, eficaz y adaptada a las demandas del siglo XXI.

Uno de los temas que más preocupan es continuar con la reforma de los tribunales de instancia y la Oficina Judicial única. Hace un mes hubo concentraciones en las que los sindicatos denunciaban deficiencias en la implantación. ¿En qué punto se está?

En el sentido que acabo de apuntar, una vez implantado el nuevo modelo de Oficina Judicial, es necesario abordar con determinación las disfuncionalidades que se han generado durante el proceso de transición y trabajar para consolidar definitivamente el modelo. Ese es uno de los principales objetivos que se marca este Departamento: escuchar a los profesionales, analizar las incidencias detectadas y adoptar las medidas necesarias para resolverlas.

Al mismo tiempo, debemos culminar la puesta en marcha de las nuevas oficinas judiciales en el conjunto del territorio, a pesar del intento del Gobierno central por cerrar algunas de ellas. Se trata de una actuación especialmente relevante para Aragón, una comunidad con una gran dispersión territorial y una importante realidad rural. Estas oficinas permitirán acercar la Administración de Justicia a los ciudadanos, independientemente de dónde residan, garantizando una atención más próxima y accesible y contribuyendo a reforzar la igualdad de oportunidades entre el medio urbano y el rural.

Todo ello debe ir acompañado de una decidida apuesta por la modernización tecnológica, la digitalización de procedimientos y la mejora de los recursos disponibles. Nuestro objetivo es construir una Justicia más cercana, más eficaz y preparada para responder a los desafíos del siglo XXI.

Se aprobó la creación de 39 plazas para las oficinas judiciales y las agrupaciones de Oficinas de Justicia, ¿no han sido suficientes?

El Gobierno de Aragón ha realizado un esfuerzo muy significativo para dotar de los medios materiales, tecnológicos y humanos necesarios a las nuevas oficinas judiciales. Este compromiso ha sido especialmente relevante en el caso de las agrupaciones de oficinas judiciales en los municipios, donde se ha trabajado para garantizar que la implantación del nuevo modelo cuente con los recursos adecuados desde el primer momento.

Estamos convencidos de que esta dotación contribuirá a mejorar el funcionamiento de estos nuevos órganos y a ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos. En cualquier caso, mantendremos una actitud de seguimiento permanente para detectar las necesidades que puedan surgir durante el proceso de consolidación del modelo y responder con agilidad a los retos que vayan apareciendo.

Otro de los retos es llevar la actualización tecnológica, ¿cómo se está planteando y qué acciones se van a llevar a cabo?

Aragón ha sido una comunidad pionera en la incorporación de la tecnología a la Administración de Justicia. Gracias al esfuerzo realizado durante los últimos años, hoy contamos con una Justicia prácticamente sin papel, más ágil y eficiente, en la que herramientas como Avantius han permitido dar pasos muy significativos en la gestión de procedimientos y en la comunicación entre los distintos operadores jurídicos.

Nuestro reto ahora es seguir avanzando en ese proceso de modernización permanente, mejorando las aplicaciones existentes y adaptándolas a las nuevas necesidades de profesionales y ciudadanos. En esa misma línea, estamos trabajando en la implantación de los sistemas de Justicia en entornos de nube, una transformación que permitirá reforzar la seguridad, la capacidad operativa y la eficiencia del servicio, consolidando a Aragón como una referencia en innovación tecnológica aplicada a la Justicia.

En las Cortes aseguró que se mejorará la Justicia Gratuita incrementando los módulos retributivos de los abogados de oficio, ¿en qué medida se van a incrementar?

La actualización y mejora del actual modelo de asistencia jurídica gratuita es una prioridad para el Departamento. Soy consciente de que algunos aspectos del sistema vigente, incluidos los retributivos, han quedado en parte desfasados y hacen necesaria una revisión de los módulos de compensación. En este sentido, estamos abordando una reforma que permita homogeneizarlos con los de otros territorios y favorecer una adecuada compensación por el servicio que prestan los profesionales.

También queremos abordar una revisión del sistema de guardias para adaptarlo mejor a las necesidades actuales y garantizar una prestación eficaz del servicio. Nuestra intención es seguir trabajando de la mano de los colegios profesionales para diseñar e implantar este nuevo modelo desde el diálogo, el consenso y la colaboración institucional.

¿En qué otras líneas creen que se puede mejorar la Justicia gratuita?

Nuestra principal preocupación es garantizar una adecuada prestación del servicio en todo el territorio de la comunidad autónoma, con independencia del lugar de residencia de los ciudadanos. Al mismo tiempo, es necesario que el modelo sea capaz de adaptarse a las necesidades actuales de la sociedad y de los profesionales que lo hacen posible.

También debemos actualizarlo para dar respuesta a los cambios introducidos por las últimas reformas procesales. Un buen ejemplo es la implantación de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC), que han adquirido un papel preceptivo en determinados procedimientos tras la reciente reforma legislativa. Debemos asegurarnos de que el sistema dispone de las herramientas y recursos necesarios para integrar estas novedades con garantías y eficacia.