Con fecha 3 de septiembre de 2021 entró en vigor la Ley 8/21 por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica aprobada con amplio consenso parlamentario y que hemos tenido la oportunidad de analizar en profundidad en las jornadas recientemente celebradas en el Colegio de Abogados de Zaragoza.
Se trata de una Ley aplaudida en público y criticada en privado. Una ley sorprendentemente alejada de una realidad que no es difícil conocer porque se encuentra en el entorno de muchos de nosotros y que no ha tenido en cuenta la heterogeneidad de la discapacidad intelectual, la estadística de los procedimientos en los que se instaba la incapacitación legal, y a los familiares.
Se fundamenta la aprobación de esta Ley en la necesidad de adaptar nuestro sistema a la Convención Internacional de Nueva York sobre los derechos de las personas con discapacidad de 2006 ratificada por España, como si hasta ahora no se hubiera cumplido con la misma, llegando a decirse que con su aprobación hemos terminado con el apartheid civil, afirmación hiriente tanto para los Jueces, Fiscales y Letrados de la Administración de Justicia que intervenían en los expedientes como para los familiares que instaban la incapacitación legal de sus seres queridos con la única finalidad de protegerlos.
No es menos hiriente el preámbulo de la Ley que cuestiona que los padres sean las personas más adecuadas para favorecer que el hijo adulto con discapacidad logre adquirir el mayor grado de independencia posible, y que considera que han sido los encargados, junto con el sistema, de limitar a las personas con discapacidad cercenando sus derechos y la posibilidad de su ejercicio.
Cierto que los propios progenitores también tienen como principal preocupación qué pasará con sus hijos cuando se hagan mayores o ya no estén, pero esto no se soluciona convirtiendo por disposición legal a sus hijos en capaces y a los padres en incapaces de cuidarlos desde que adquieren la mayoría de edad.
En definitiva, cuestiona a quienes hasta ahora han sido los que mayoritariamente han cuidado a sus hijos con discapacidad intelectual condicionados de por vida desde que esta aparece.