Hasta el RDLEY 2/85, muchos miles de personas firmaron un arrendamiento en base al citado Decreto de 1964, y la mayor parte siguen viviendo o se subrogaron las personas y en los términos y lazos que a continuación e harán constar.

Como ejemplo se puede decir en general que, si una persona de 28 años alquiló un piso en 1980, ahora tiene 74 y está pagado una absolutamente ridícula renta pues la D.T. Segunda de la LAU 29/94 no hace más que aplicar los IPC de los años anteriores…

Y como se dirá posteriormente el arrendamiento solo queda sin vigor a la muerte del arrendatario, salvo que viva su esposa o pareja de hecho, con independencia de su orientación sexual, como dice la D.T: Segunda de dicha LAU 29/94, por lo que (en general) todavía faltan bastantes años para la propiedad pueda alquilar de nuevo, aunque es dudoso que con la experiencia que ha tenido lo haga nuevamente.

Lo que a continuación se expone con más detalles (que ya he hecho constar en anteriores ocasiones) pues considero que estamos en un momento para recordar que siguen existiendo muchos alquileres que, sin duda, producen una situación a la propiedad carente de sentido en todos los aspectos y, además, que en muchísimos casos (actualmente habrá decenas de miles de alquileres en base al Decreto que figura en el Título), pues como antes se ha indicado la D.T. Segunda de la LAU 29/94, establece el sistema, las condiciones y límites, como a continuación se indicará, que en muchísimos casos seguirá bastante años, manteniendo una situación que realmente es contraria al derecho en todos los sentidos, salvo excepciones, pues se parte de la base de que los arrendadores (o sus sucesores) eran y son personas de gran nivel económico y los arrendatarios pero en la mayoría es lo contrario, pero en todo caso siempre correspondería a la Administración facilitar ayudas para la vivienda y no el particular, conforme el art. 47 de la Constitución.

Hay que señalar igualmente que se trata de un derecho personal del arrendatario que firmó el contrato, como quedó claro en las Sentencias del Tribunal Supremo, Sala 1ª, 22 de octubre 2013 y 18 de octubre 2017.

Las personas que se han podido subrogar o tienen derechos a hacerlo son las siguientes, por este orden:

Subrogación del cónyuge.
Dicho lo anterior, hay que añadir que la primera persona que tiene derecho a la subrogación es la esposa del arrendatario fallecido y con el derecho de seguir en la vivienda hasta su propia defunción. Hay que añadir que puede ser la esposa o marido actual, por divorcio anterior, que normalmente es más joven que la anterior, sobre todo en el primer supuesto.

Otras personas con los mismos derechos que el cónyuge, caso de que el mismo no exista.
La norma no hace otra cosa que admitir la situación reconocida y avalada por la jurisprudencial, consecuencia de la realidad material existente. Tuvieron en su momento y siguen teniendo derecho a la subrogación actualmente las siguientes personas:

Requisitos de convivencia
Depende de quién sea el subrogado:

­Para el cónyuge no separado no se exige con- vivencia concreta, pero sí para las parejas de hecho, conforme se ha indicado antes y a tenor de lo dispuesto en el apdo. 7 de la citada Disposición Transitoria Segunda. La prueba de vivir unidos puede ser variada, pero desde luego creo que el certificado del padrón municipal será suficiente en términos generales.,

La situación es dramática para muchos arrendadores, que tienen la vivienda como complemento de ingresos.

Pero ahora las cosas han cambiado totalmente, pues encontrar un piso en alquiler a precio asequible es imposible. Personalmente no veo otra solución que, para cumplir con el derecho a vivienda del art. 47 de la Constitución, sea el Estado el que construya casas y facilite el arrendamiento a precio reducido, siempre que el solicitante acredite sus ingresos que no dan para acudir al mercado libre. Ya ocurrió en tiempos pasados con buen resultado.