Uno de los pilares de la reforma es la reorganización de los órganos judiciales. Los Tribunales de Instancia se convierten en el eje central, sustituyendo a los antiguos juzgados unipersonales. Estos tribunales, organizados en secciones especializadas (como Familia, Mercantil, Penal, entre otras), permiten una mejor distribución de la carga de trabajo y una mayor especialización de los magistrados. Además, se crea el Tribunal Central de Instancia, con sede en Madrid, encargado de asuntos de competencia nacional.

En el ámbito local, se implementan las Oficinas de Justicia en municipios sin sede judicial. Estas oficinas actúan como puerta de acceso al sistema judicial, ofreciendo servicios como videoconferencias, tramitación de asistencia jurídica gratuita y colaboración con los Medios Adecuados de Solución de Conflictos (MASC). Esta medida busca garantizar el acceso a la justicia en todo el territorio, incluso en localidades más pequeñas.

La digitalización es otro eje fundamental de la reforma. Se introducen herramientas como denuncias telemáticas, requisitorias digitales y la transformación digital de los expedientes judiciales, eliminando progresivamente el uso del papel. Estas medidas no solo agilizan los trámites, sino que también reducen costes y mejoran la eficiencia del sistema.

En paralelo, se simplifican los procedimientos judiciales, eliminando trámites innecesarios y acortando los tiempos de resolución. Por ejemplo, en la jurisdicción penal, se introduce la audiencia preliminar en el procedimiento abreviado, que permite resolver cuestiones previas antes del juicio oral, evitando dilaciones innecesarias.

Una de las novedades más significativas es la obligatoriedad de los MASC como requisito previo para la mayoría de los procedimientos civiles. Entre las opciones disponibles se encuentran la negociación directa, el derecho colaborativo, la mediación y la opinión de expertos independientes. Estas herramientas buscan fomentar la «cultura del acuerdo» frente a la «cultura del pleito», descongestionando los tribunales y promoviendo soluciones más rápidas y consensuadas.

El Colegio de Abogados de Zaragoza (REICAZ) ha adaptado sus servicios a esta nueva realidad, ofreciendo un Instituto de Mediación que garantiza el cumplimiento del requisito de procedibilidad. Este servicio, accesible y económico, facilita la resolución de conflictos sin necesidad de judicialización.

La reforma también aborda la protección de datos en el ámbito judicial mediante la creación de la Comisión de Supervisión y Control de Protección de Datos. Este organismo supervisará el cumplimiento de la normativa y garantizará la seguridad de la información sensible contenida en los expedientes judiciales.

Por otro lado, se introduce un sistema de justicia restaurativa, basado en principios de voluntariedad, oficialidad y confidencialidad. Este modelo busca la reparación del daño y la reconciliación entre las partes, más allá del mero castigo.

La Ley 1/2025 no solo reorganiza el sistema judicial, sino que redefine su funcionamiento. La apuesta por la digitalización, la simplificación de procedimientos y los MASC representa un cambio de paradigma en la justicia española. Este modelo busca no solo agilizar los procedimientos, sino también transformar la percepción de la justicia como un servicio más accesible, eficiente y adaptado a las necesidades de la sociedad actual.

En palabras de la ponente Marisa Tarodo Alonso, esta reforma supone un paso decisivo hacia la «cultura del acuerdo», reservando la vía judicial para aquellos casos en los que sea estrictamente necesaria la intervención de un juez. En definitiva, la Ley 1/2025 sienta las bases para una justicia más moderna, cercana y eficiente, acorde con los retos del siglo XXI.

Más información en este artículo de VLex ( ANEXO LO 1/2025 )