Como explicó el magistrado Luis Gil – Nogueras, esta película guarda relación con Acción Civil, en la medida que también se basa en un supuesto de contaminación de recursos hídricos, como expresamente alude su título. Se inspira en un artículo publicado por el periódico New York Times en 2016 que podríamos traducir como “El abogado que se convirtió en la peor pesadilla de DuPont”, nombre de la empresa demandada.
En este caso, el abogado Robert Billot (al que encarna otro extraordinario actor como Mark Ruffalo) trabaja en una firma colectiva, y tras la denuncia de un agricultor, comienza a investigar una cadena de muertes de reses y animales de granja, provocadas en apariencia por los vertidos de químicos por parte de la empresa Dupont en un pequeño pueblo del Estado de Virginia. Al parecer en la fabricación de teflón se habría utilizado un componente llamado PFOA o C8 altamente contaminante y que podría haber llegado al agua para consumo humano.
La investigación se prolongó a lo largo de varios años, en concreto más de una década. La película (rodada en un tono crepuscular, con un cielo siempre nuboso e igual de oscuro que el agua, recurso cinematográfico que destacó el ponente) plantea el elevado coste, no solo económico sino emocional que, como hemos visto, puede ocasionar este tipo de procedimientos. En efecto, Billot sufrirá una especie de colapso como consecuencia de la tensión y la angustia, a lo que se une una crisis en su matrimonio con Sarah (una contenida Anne Hathaway). Por si ello no bastase, deberá enfrentarse a uno de sus socios, debido a las implicaciones éticas, morales y deontológicas que le plantea el asunto, aceptando un severo recorte salarial como consecuencia, una vez más, de los gastos que el proceso está ocasionando a Taft, Stettinius & Hollister.
Esta acción colectiva llegó a implicar a casi 4.000 demandantes, muchos de los cuales acabaron desistiendo o aceptaron alguna clase de (modesto) acuerdo. Por el contrario, Billot se mantuvo firme con los restantes y en 2015 cerró tres importantes acuerdos que reportaron casi 671 millones de dólares a sus representados.