No quisiera pecar de pesimista, pero no creo que estemos pasando por los mejores momentos en nuestra actividad profesional.
Junto a los problemas crónicos que parecen que nunca van a resolverse, cada vez hemos de asumir otros nuevos. Valga como claro ejemplo las exigencias que venimos soportando desde el año pasado en orden a utilizar las herramientas de comunicación ante los tribunales que se nos ha impuesto, herramientas que precisamente no están facilitando el trabajo que desarrollamos y que, no se olvide, no es otro que la defensa de los derechos de los ciudadanos.
Iniciamos el año 2017 con la obligatoriedad del uso de Lexnet tras el aviso que se dio a los profesionales en el otoño del año 2016. Tanto el Colegio como la mayoría de los compañeros nos vimos obligados a desplegar esfuerzos en tiempo record para obtener las acreditaciones digitales, para adaptar los equipos informáticos y, cómo no, para aprender el uso de ese sistema. Éste, lo hemos comprobado, nos ha generado un incremento en el tiempo de trabajo, amén de un elevado grado de incertidumbre. “Lexnet funciona razonablemente bien y da pocas incidencias”, manifestó algún responsable de Justicia, pero olvidaba que los instrumentos de comunicación y notificación son una cuestión adjetiva en los procesos judiciales, y que éstos no deben estar servicio de aquéllos. Lo anterior iba acompañado de la falacia del “papel cero”.
Cuando aún no nos hemos hecho con Lexnet, ahora nos toca vivir el sistema Avantius, no exento de problemas como estamos comprobando. Y no es que los abogados nos quejemos por capricho; si no, que le pregunten a Procuradores y Jueces. ¿Quién está satisfecho?
De prisa y precipitadamente se ha introducido este sistema de expediente digital, conviviendo parcialmente con Lexnet. Buena parte de los funcionarios de justicia siguen demandando formación y tiempo para acomodarse a esta herramienta. Los jueces no pueden resolver los asuntos si no es aplicando mucho más tiempo del habitual. Los abogados y procuradores hemos de estar persiguiendo en esa plataforma digital nuestros casos y comunicaciones.
Nadie se niega a la modernización de la Justicia. Los implicados en ésta llevamos décadas reclamándolo. Pero las medidas adoptadas por los responsables políticos no han proporcionado modernidad sino, muy al contrario, caos, desorientación e inseguridad. Escaso éxito.
Pero el problema fundamental es que fruto de estas chapuzas se está ofreciendo una justicia al ciudadano de peor calidad. El hecho de que buena parte de los operadores jurídicos empleemos mucho tiempo con estas herramientas —frente a lo que veníamos haciendo—, ya es un dato que debería hacer reflexionar a los responsables de la Administración. Ahora es el momento oportuno de desear a éstos la maldición “tengas muchos pleitos y los ganes”; a ver si así se enteran.
Añádase a todo lo anterior la irregular y muy distinta situación de los registros digitales de las Administraciones públicas. Otro éxito.
Antonio Morán Durán