Pedro Galán Carrillo. Abogado.
Recientemente tuvo lugar el fallecimiento de Ingvar Kamprad, el fundador de Ikea. La crónica del diario “El País” del pasado día 29 de enero nos daba algunos detalles de su vida:
Llevaba años retirado en su encantadora casa de Småland (sur de Suecia), una vivienda sencilla en la que se había permitido un único lujo: una piscina donde antaño cerraba acuerdos comerciales con los proveedores. “No vuelo en primera clase, y los ejecutivos de las tiendas tampoco”. (…) Compraba ropa de mercadillo, se alojaba en hoteles baratos y no le importaba adquirir productos a punto de caducar. El fundador de Ikea fallecía el sábado “en calma y rodeado por sus seres queridos”, según una nota de la empresa. El testamento no se ha hecho público.
Fue uno de los cada vez más escasos milmillonarios construido a sí mismos, en su caso obsesionado por la democratización del diseño y la eficiencia, no por una vida de lujo y ostentación. Forbes lo llegó a señalar como la tercera persona más rica de Europa, y Bloomberg estima su fortuna en 47.200 millones, pero él no estaba pendiente del dinero más que para ahorrarlo. Nacido en el seno de una familia pobre, con cinco años vendía cerillas, semillas y bolígrafos a sus vecinos y con solo 17 años fundó la empresa uniendo sus iniciales (I.K.), con las dos primeras letras de Elmtaryd y Agunnaryd, la granja y el pueblo donde creció. En un principio contaba con proveedores locales, y tras seis años fue capaz de lanzar su primer catálogo (1951). Autodidacta en diseño, la primera exposición de muebles la abrió en Älmhult (Suecia) en 1953 y la primera tienda, en 1958.
Austero hasta el límite (“No creo que haya una sola prenda de las que me pongo que no haya sido comprada en un mercadillo de segunda mano. Eso significa que quiero dar buen ejemplo”, decía), le gustaba pasear por bucólicos bosques y recomendaba a todos los empleados seguir los valores de la firma. Nunca ocultó, como recuerda el New York Times, su afición al alcohol, que decía tener contralada con tratamientos depurativos varias veces al año.
Esta noticia me ha recordado a Elías Martínez Santiago, un perito de Eléctricas Reunidas de Zaragoza con algunos puntos en común con el empresario sueco. La primera vez que leí algo sobre él fue en una ponencia de Jesús Delgado Echeverría publicada en las Actas de los XXV Encuentros del Foro de Derecho Aragonés. Explicaba Delgado, al hilo de la reforma de la Compilación del Derecho civil de Aragón en materia de sucesión intestada realizada en 1995, que Elías Martínez falleció en Zaragoza en 1998 sin herederos por parentesco o por disposición del causante y que dejó una fortuna de… al menos 21 millones de euros.
Javier de Pedro Bonet realizó una crónica jurídica sobre esta herencia en la “Revista de Derecho Civil Aragonés” en la que, aparte los aspectos legales, nos daba más detalles sobre nuestro Ingvar Kamprad:
Al momento de su muerte vivía en unas condiciones ajenas a la realidad de su tiempo, pues no disponía, por ejemplo, de nevera ni de televisión; el estado general del piso en el que residía, en la calle San Miguel, ofrecía una situación de total abandono, como si hace muchos años en aquella vivienda todo se hubiese parado: paredes ajadas, muebles antiguos descuidados, alfombras enrolladas por los pasillos desde hacía mucho tiempo… Sin embargo era un hombre rico, ya que disponía de un patrimonio que rondaba los cuatro mil millones de pesetas, equivalentes a unos veinticuatro millones de euros”.
Semejante caudal tenía un origen familiar. El abuelo materno forjó una importante fortuna en Argentina y la madre incrementó sustancialmente la misma:
El patrimonio hereditario estaba constituido casi exclusivamente por acciones que cotizaban en Bolsa y por cantidades de dinero en cuentas corrientes procedentes de los dividendos que generaba la cartera de valores, que se reinvertían periódicamente en la compra de nuevas acciones. Únicamente tenía un bien inmueble de su propiedad que era la vivienda donde residía, adquirida al final de su vida ya que siempre vivió de alquiler.
Hasta aquí los parecidos. Dos millonarios muy austeros, por decirlo suavemente. Especialmente el español.
No sé qué suerte correrá la herencia del empresario sueco, pero la herencia de nuestro ingeniero se complicó desde el primer momento. Por mucho que lo dijera Napoleón al redactar el Code, quien se sustrae al Derecho no es ignorado por el Derecho. En absoluto. El diario “El País” informaba en febrero de 2000 de que el director de un instituto de enseñanza media zaragozano pleiteaba con el Gobierno de Aragón por 410 millones de pesetas, el 10% de la fortuna que dejó el dueño de la casa en la que trabajó una tía de su mujer durante más de treinta años. El dueño de la casa era nuestro ingeniero. Cedo la palabra a Joaquina Prades:
Cada mañana, durante 31 años, Elías Alfredo Martínez Santiago se levantó a las siete en punto para fichar 40 minutos más tarde en las oficinas de Eléctricas Reunidas de Zaragoza, donde trabajaba como perito industrial. Allí cumplía rutinariamente su jornada de siete horas por unas 250.000 pesetas al mes. Con esto vivía. Le bastaba para mantener el ático de 200 metros en una céntrica calle peatonal de Zaragoza, en el que nada cambió desde la muerte de su madre, Julia Santiago Ubillos, en 1958. Elías Alfredo tenía entonces 26 años. El forense que certificó su muerte 40 años después encontró la misma cocina de hornillo, sin frigorífico ni horno; el mismo sofá; un piano al que nunca levantó la tapa sustituía al televisor; las mismas bombillas de bajo consumo, casi siempre apagadas, a pesar de no pagar electricidad por su condición de empleado de la compañía suministradora. Del final del siglo sólo daban fe una lavadora y un calefactor. Ni siquiera teléfono. Tampoco cartas; sólo tarjetas de Navidad enviadas desde Latinoamérica por los emporios financieros que él contribuyó a engrandecer con sus acciones.
Porque la fortuna de Martínez Santiago sobrepasaba los 4.000 millones de pesetas. La heredó de su abuelo, Elías Santiago Virumbrales, emigrante en 1875 desde Haro (Logroño) a Argentina. Allí acabó siendo dueño de una flota de barcos de vapor cuyos beneficios invirtió en el continente con un prodigioso olfato para los negocios. Las compañías petroleras, cementeras y azucareras de Chile y Argentina aún generan sustanciosos dividendos.
Cuando el viejo Santiago Virumbrales murió, en 1923, todos los bienes pasaron a su hija Julia, a quien reconoció desde su nacimiento aunque nunca aceptó casarse con la madre, una bonaerense cuyos parientes también reclaman su porción en el pastel.
Julia Santiago Ubillos se casó en España con su primo Sotero Martínez Santiago, un médico de Zaragoza tan poco amigo de la convivencia social como ella misma. Con la familia vivió Antonia Allué en calidad de ama de llaves. A la muerte de la dueña de la casa, Antonia llamó a su sobrina Luisa para que le ayudara en el cuidado de la casa. Así vivieron los tres durante veinte años. Después, tras el fallecimiento del ama de llaves, la sobrina se trasladó a una residencia de ancianos porque no consideraba decente compartir techo con un hombre soltero, aunque éste nunca hubiera mostrado interés por las mujeres ni tampoco por los hombres. Desde la residencia, Luisa supervisaba la marcha de la casa y le advertía sobre su vestuario. Con la muerte de la mujer empezó su decadencia. Se jubiló a los 60 años; a duras penas aguantaba una enfermedad respiratoria que en más de una ocasión le había hecho entrar en coma. Dejó de salir y se hacía el sordo cuando sonaba el timbre de su vivienda.
La asistenta le encontró muerto en la cocina. Se había levantado a buscar las medicinas que aliviaban su ahogo de fumador compulsivo. Durante los últimos años de su vida, sólo dejaba la cama para ir al baño, comer de vez en cuando o buscar los broncodilatadores. Si tenía a mano las cinco cajetillas de tabaco negro que fumaba día y noche, se sentía a salvo. Murió por asfixia. La indiferencia que mostró por el género humano mientras vivió se prolongó después de muerto. Nunca pronunció la palabra testamento ni le importó la suerte del dinero o los parientes, enzarzados con las autoridades en una lucha implacable por la herencia.
El único que permanece tranquilo en su casa es Luis V. «Si he ayudado al Estado a ganar 4.100 millones, merezco la recompensa», dice. El desconocido decreto-ley de 1971 se la garantiza.
Una pequeña precisión: no era un “desconocido decreto-ley”. Se trataba del Decreto 2091/1971, de 13 de agosto, sobre régimen administrativo de la sucesión abintestato en favor del Estado, publicado en el BOE a plena luz del día y derogado con idénticas formalidades en 2009.
El citado Decreto tampoco garantizó nada a la denunciante. Ni el profesor zaragozano ni su esposa se llevaron la citada recompensa. Una Orden de 4 de abril de 2000 del Departamento de Economía, Hacienda y Función pública de la Diputación General de Aragón denegó el derecho a percibir premio porque la denunciante del fallecimiento intestado era a su vez administradora y depositaria de los bienes del fallecido en virtud de nombramiento judicial y estaba obligada a denunciar el fallecimiento, y porque la Administración ya conocía el fallecimiento “ab intestato” denunciado. Poco después (y es que la vida corre más que la ley) el Gobierno de Aragón regulaba mediante Decreto 191/2000, de 7 de noviembre las actuaciones administrativas en la sucesión legal a favor de la Comunidad Autónoma de Aragón. La Orden de 4 de abril a la que antes aludía fue impugnada por la denunciante del fallecimiento y la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón desestimó el recurso contra la misma (sentencia de 18 de noviembre de 2003). El recurso de casación contra esta sentencia fue igualmente desestimado por sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª, de 9 de febrero de 2007.
Simultáneamente la llamada del dinero atrajo a familiares lejanos tanto en grados como en kilómetros que invocaron en vía civil la sustitución legal y el derecho de abolorio; también aparecieron el gobierno chileno y unos estafadores (no podían faltar en una trama así) que no dudaron en robar y falsificar un supuesto testamento otorgado en Chile en 1974 mediante complejos procedimientos químicos para luego reintroducirlo en el protocolo del notario chileno y de esta manera obtener una copia “limpia” del mismo. Los falsificadores se pusieron en evidencia insertando la letra de comprobación del DNI español, que no existía en los años setenta del siglo pasado. Los pleitos andinos también se enrevesaron hasta límites insospechados, enriquecidos con dictámenes de civilistas españoles y chilenos… Y en semejante estado de cosas se planteó la posibilidad de un acuerdo transaccional entre la Comunidad Autónoma de Aragón y los parientes chilenos que impidieron que los falsificadores del testamento lograran sus propósitos. La Comunidad Autónoma de Aragón cedió un 10 por 100 de los bienes de la herencia en Chile y la transacción se autorizó mediante Decreto 331/2002, de 22 de octubre (BOA núm. 25, de 3 de marzo).
De este modo se confirma la afirmación de Paul Koschaker de que el derecho acompaña al individuo de la cuna al sepulcro. Parafraseando a Buzz Lightyear: ¡Hasta el sepulcro y más allá!
¿Y qué pasó con los bienes?
Conforme a lo dispuesto por el artículo 220.2 de la Ley 1/1999, de 24 de febrero, de Sucesiones por Causa de Muerte, cuyo texto reprodujo literalmente el artículo 535.2 del Código de Derecho Foral de Aragón, en defecto de parientes y cónyuge la Diputación General de Aragón destinará el producto de los bienes heredados o el producto de su enajenación a establecimientos de asistencia social de la Comunidad, con preferencia los radicados en el municipio aragonés en donde el causante hubiera tenido su último domicilio.
Así se hizo. Con el grueso de la herencia la Diputación General de Aragón construyó en el zaragozano barrio de Torrero una residencia para ancianos de 206 plazas que lleva el nombre del difunto y que fue inaugurada a finales de 2009. También hay allí un centro de día y un hogar para la tercera edad. Es propiedad del Instituto Aragonés de Servicios Sociales y la gestiona una empresa privada. Asimismo se construyó otra residencia para mayores, más pequeña, en Utebo.
Residencia “Elías Martínez Santiago”
Las penúltimas noticias sobre esta herencia eran de julio de 2016. El diario “publico.es” daba cuenta de que el día 20 de ese mes se iba a reunir la Junta de Distribución de Herencias de la Comunidad Autónoma para repartir entre entidades asistenciales algo más de un millón de euros de ocho aragoneses fallecidos “ab intestato” y sin familiares directos. La mayor parte de ese dinero, unos 980.000 euros, eran la última parte del legado de Elías Martínez, fallecido el 31 de marzo de 1998 y procedían de la venta de sus últimas acciones.
Y las últimas noticias se han producido con este artículo casi acabado. El BOA núm. 33, de 15 de febrero de 2018 anuncia que la Junta Distribuidora de Herencias va a repartir el próximo 12 de abril algo más de 23.000 euros correspondientes a un remanente no gastado para la rehabilitación de viviendas de la Red de Bolsas para alquiler social y que procede de la herencia de nuestro ingeniero.
Concluye así una historia que más parece un argumento cinematográfico. No me cabe duda de que Luis García Berlanga y Rafael Azcona hubieran sacado de aquí una película. Ya lo hicieron con el protesto de una letra de cambio…