Pero con independencia de que quede pendiente para alguien con ganas completar la historia de esos 179 años que van de 1838 hasta la actualidad, creo sinceramente que este último cuarto de siglo forma parte de la etapa más dinámica y revolucionaria de la historia de nuestro Colegio y me llena de orgullo haber disfrutado del privilegio de vivirla, no sólo como abogado, en lo que no me diferencio de tantos miles, sino como Gerente y desde dentro de esa base que es necesaria a todo abogado que es el Colegio.

Cuando me colegié, un lejano septiembre de 1977, la profesión apenas había cambiado en la forma en que se ejercía cien años antes. El teléfono, fijo, por supuesto, la máquina de escribir, manual, el bolígrafo, eran las mayores innovaciones en un mundo en el que las causas todavía se cosían con “cuerda floja”, Ese año éramos algo más de novecientos colegiados, varones en un noventa por ciento, y el recién elegido Decano Ramón Sainz de Varanda, colegió gratuitamente a todos los Procuradores para alcanzar la cifra de mil colegiados y tener así un puesto fijo en la Asamblea General de Decanos, antecedente del actual Consejo General de la Abogacía Española.

El Colegio, los Colegios profesionales en general y los de abogados en particular, todavía vivían una cierta luna de miel con el Poder derivada del papel fundamental que habían jugado como plataforma de formación de los nuevos políticos en los últimos años de la Dictadura y primeros de la Transición. Aunque pocas cosas hay que el Poder tema más que cualquier atisbo de contrapoder y poco tardaría en cambiar el viento e iniciarse una larga etapa de desconfianza, restricciones e intentos de control que todavía vivimos.

La democracia trajo aires nuevos a la profesión, que dejó de ser de tradición familiar para abrirse de forma espectacular y perder su condición masculina al incorporarse rápidamente las mujeres, y la incorporación a la Unión Europea nos sumió en un mundo mercantilista en el que la competencia, la libre competencia dicen, aunque mucho dudo yo de que esa libertad sea cierta, pasó a ser la guía de todos nuestros cambios.

Todo esto estaba empezando a incubarse cuando, como digo, me incorporé al Colegio en 1977 y estaba en plena eclosión cuando en 1993 me hice cargo de la Gerencia del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza. A partir de esa fecha todo ha sido una verdadera vorágine y, como he dicho, ha sido un inmenso placer para mi haberla podido vivir, en el más pleno sentido de la palabra, desde el mismo corazón de la profesión. El Colegio.

A finales de los ochenta el Ministerio de Justicia decidió recuperar los espacios que los Colegios de Abogados ocupaban en los Palacios de Justicia y eso nos llevó a la necesidad de buscar una sede nueva. El entonces Decano, Lorenzo Calvo Lacambra, asumió el reto, se encontró con la posibilidad de adquirir nuestra actual sede y con gran visión de futuro, no eran pocas las voces que postulaban algo mucho más modesto y barato, consiguió que el colectivo, enormemente concienciado, como toda la sociedad, en ese momento, decidirá en Junta General Extraordinaria subir las cuotas de 5.000 a 30.000 pesetas anuales para poder afrontar la compra y rehabilitación del edificio. Así se hizo y cuando me hice cargo de la Gerencia en 1993, formalizada la compra del edificio, se acababan de finalizar las obras de rehabilitación de las tres primeras plantas y Carlos Carnicer, como nuevo Decano, tomó posesión del mismo y empezó a trabajar. Y la mayoría sabéis que cuando Carlos decide trabajar, hay que ponerse las pilas y prepararse a dar todo lo que uno sabe y puede.

Primero fue la necesidad de llenar de servicios un edificio que parecía inmenso, máxime cuando la Junta de Gobierno aspiraba a rehabilitar también las tres restantes plantas del edificio y recuperar para el uso colegial los dos locales de la planta calle. Esa segunda rehabilitación se llevó a cabo en la misma década de los noventa y comenzado el nuevo siglo recuperamos los locales para el uso del Colegio.

Se modificó la organización laboral del personal del Colegio para que éste pudiera estar abierto y operativo a disposición de los colegiados desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, lo que nos permitió asistir a los abogados en el horario de apertura de los Juzgados, es decir por la mañana, y desarrollar una amplia actividad formativa y de actualización de conocimientos en las horas en que más fácilmente podían dedicar un tiempo a su imprescindible puesta al día, esto es por las tardes.

En esa época se desarrollaron el Servicio de Inmigrantes (SAOJI), el de Mujeres Maltratadas (SAM), el de Menores (SAME) y el Penitenciario (SOP). Posteriormente se añadirían otros, como el de Mediación, el de Mediación Hipotecaria, el de Mayores. Y todos ellos necesitaban de una infraestructura de apoyo, que lógicamente prestaba el Colegio y su personal. Se organizó el Curso de Acceso al Ejercicio de la Abogacía, que con sus XIX promociones serviría de impagable experiencia cuando hubo que organizar el Master obligatorio tras la entrada en vigor de la Ley de Acceso, ya en 2014. Y sobre todo, y como consecuencia de los debates del VI Congreso Nacional en La Coruña, se aprobó y entró en vigor la Ley 1/96, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita.

La Ley 1/96 vino a hacer realidad, aunque con ocho años de retraso, lo que estableció la Constitución. Que el acceso a la justicia en condiciones de igualdad era un derecho, no una concesión graciable. Un derecho constitucional cuya garantía se encomendaba a los Colegios de Abogados a través de los abogados del Turno de Oficio. Culminaba así un largo proceso en el que poco a poco se había conseguido pasar de la caridad al derecho. Y en un doble sentido, pues no solo se reconocía el derecho a la justicia gratuita de quienes no superaban un mínimo de ingresos, sino que también se formalizaba el derecho de los abogados a ser retribuidos por garantizar la efectividad de ese derecho.

La Ley 1/96, además, suprimió la necesidad de un procedimiento judicial de declaración de pobreza para acceder a la justicia gratuita y lo sustituyó por un trámite administrativo de comprobación de los requisitos legales, que se encomendó a los Colegios de Abogados a través de los Servicios de Orientación Jurídica. A partir de entonces debió diseñarse el complejo sistema administrativo que permitiera organizar, supervisar y acreditar y pagar trimestralmente, alrededor de 12.000 solicitudes de asistencia jurídica gratuita y 365 días de guardias permanentes en Zaragoza y todos los partidos judiciales de la provincia.

La puesta en marcha y desarrollo del nuevo sistema requirió de un importante esfuerzo administrativo, obra de muchos, pero en la que es de justicia destacar en esos primeros momentos a Carlos Sánchez Noailles, presidente de la Comisión del Turno de Oficio de la Junta de Gobierno, el “abominable hombre de las 8”, como era llamado cariñosamente por el personal del Turno porque todos los días a esa hora se pasaba a solucionar los problemas que se hubieran planteado con el nuevo sistema e ir corrigiendo los defectos.

Este proceso se vio además complicado por varios factores: la progresiva ampliación de los supuestos que quedaban incluidos en el ámbito de la asistencia jurídica gratuita, bien por decisión legal o por vía jurisdiccional, el notable incremento de los asuntos que llegaban a los Juzgados debido a la creciente concienciación de los ciudadanos sobre la necesidad de defender sus derechos, la transferencia de las competencias de Justicia a la Comunidad Autónoma y la creciente burocratización de los trámites exigidos por la Administración para justificar y aprobar el pago a los abogados del Turno de Oficio por el trabajo llevado a cabo, aprobación que no siempre ha sido pacífica

Porque aunque no es negativa la valoración global final que cabe hacer, podría ser mucho mejor de haber contado con una mayor comprensión y flexibilidad en la Administración aragonesa, cuyas posturas a menudo cerradas en la literalidad de la ley nos han llevado a la necesidad de recurrir judicialmente varias de sus decisiones.

Y si la organización de la asistencia jurídica gratuita fue el gran reto para el Colegio con que se abrió mi gerencia, no ha sido menor el reto final, la digitalización de las relaciones de los abogados con la Justicia.

La obligación para los abogados de trabajar a través de LexNet, efectiva desde el 1 de enero de 2016, exigió del Colegio la adecuación de todos sus sistemas informáticos, la creación de un carné digital con certificación de firma electrónica y su distribución a todos los colegiados, y la formación de todos los abogados en la utilización de las nuevas herramientas informáticas.

Casi doce años se han tenido que destinar a estar labor, desde que en 2004 se anunció la creación de LexNet y la necesidad de prepararse para su utilización, hasta su implantación obligatoria definitiva en 2016. La existencia en el Colegio de un Departamento de Informática puntero y entusiasta, que garantiza el funcionamiento de los sistemas las 24 horas del día los 365 días del año, bajo la dirección permanente de Javier Piera y la savia nueva que aportó Esmeralda Betrián, es lo que ha permitido llevar este reto a buen término.

Entre esos dos gigantes ha habido otras tareas importantes para la administración del Colegio: la puesta en marcha del master de formación para el acceso al que ya me he referido, la formación de los colegiados ante la entrada en vigor de una nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, la puesta en marcha y supervisión de nuevos Servicios de Asistencia Jurídica, el apoyo al número cada vez mayor de Secciones colegiales, la dotación y apoyo a las diferentes salas de abogados, especialmente en los partidos judiciales, y el traslado de todos los organismos judiciales a la Ciudad de la Justicia.

En definitiva, y al margen de los retos de índole más corporativa o política, que en cierta forma también inciden sobre la administración del Colegio, como la elaboración de un nuevo Estatuto colegial, la constitución del Consejo de Colegios de Abogados de Aragón, la necesidad de afrontar el coste económico que supuso la supresión de los bastanteos, la voluntad de ofrecer una cobertura de la responsabilidad civil profesional siempre pionera en el mercado, la lucha, exitosa, contra la Ley de Tasas, la lucha, igualmente exitosa, contra el Proyecto de Ley de Asociaciones y Colegios Profesionales, y al margen de la responsabilidad que como Gerente me competía de asegurar el correcto funcionamiento del Colegio organizando y supervisando la labor del día a día, labor que no se nota, pero que no se nota porque funciona perfectamente gracias al trabajo y entrega de una plantilla de lujo, estos veinticuatro años como Gerente han supuesto un lujo profesional y una experiencia difícilmente superable.

Me voy, pues, satisfecho de lo conseguido y agradecido del apoyo que he encontrado en todo momento. Seguro que se habrían podido hacer más cosas y seguro que las hará, y mejor, Cristóbal Ramos, que se ha hecho cargo de la Administración del Colegio a mi jubilación.

Hasta el año 1994, a pesar de llevar colegiados los dos más de quince años, yo sabía quién era Miguel Angel Aragüés porque él ya había sido Presidente de la Agrupación de Abogados Jóvenes, Diputado Décimo de la Junta del Colegio y Asesor-Jefe del Justicia de Aragón y era el Gerente del Colegio desde el año anterior, pero él de mí solamente tenía como referencia que era “uno de los del fútbol”.

Fue a partir de entonces, con motivo de acceder por mi parte como Diputado a la Junta de Gobierno del Colegio y fundamentalmente de mi designación como encargado de la Comisión del Turno de Oficio, cuando pasamos a tener una comunicación habitual e intensa ya que entonces dicha Comisión la componíamos únicamente Miguel Angel y yo, y derivó en una relación que ha excedido la esfera profesional para pasar a ser de amistad para siempre.

Y lo cierto es que la aportación de Miguel Angel en esa Comisión fue fundamental porque él ya era un especialista en esta materia sobre la que había realizado alguna ponencia en relación con la Ley de Asistencia al Detenido e intervenido en la confección del Reglamento de los Turnos de Oficio del Colegio de Zaragoza del año 1984, y tuvimos que afrontar la organización del mismo a raíz de la publicación de la Ley de Asistencia Jurídica aprobada en el mes de enero de 1996, con los importantes cambios que la misma supuso y que, sin su ayuda, yo no hubiera podido llevar a buen término.

Sus conocimientos y su dedicación a esta materia le han valido para haber sido encargado para desarrollar ponencias en casi todo los Congresos que a nivel nacional se ha celebrado y en los que se ha tratado el tema del Turno de Oficio y la Asistencia Jurídica Gratuita, así como desarrollar proyectos internacionales en Guatemala, Colombia y en República Dominicana, en el que tuve la inmensa suerte de compartir con él esa experiencia inolvidable.

Su labor como Gerente del Colegio a lo largo de estos 24 años ha sido extraordinaria con una dedicación intensa y exhaustiva sin horario, que unido a su capacidad intelectual y de trabajo ha supuesto una aportación por la que creo, sin temor a equivocarme, que podría decirse que un buen porcentaje del importante desarrollo que ha tenido el Colegio durante los últimos tiempos se lo debemos a él.

Y por último me gustaría destacar de Miguel Angel su aspecto humano, cordial y cariñoso, teniendo la puerta de su despacho siempre abierta para todos los compañeros, y no hablo sólo de la apertura física, aunque eso de por sí ya es un buen indicio, sino que ha escuchado con interés a todo aquel que le ha solicitado su consejo o su ayuda.

Por todo lo mencionado, y por mucho más que no detallo, en nombre de los compañeros Abogados y en el mío personal, en la hora de tu jubilación te decimos……Gracias, Miguel Angel.