La informática entró en los despachos de abogados a partir de los años 80, marcando un hito significativo en la forma en que se gestionaban los asuntos y se accedía a información legal. Entre 1985 y 1994 se lanzaron los sistemas de Compuley, Colex-Data, Aranzadi, Micronet, Lex Nova o El Derecho, en CD-Rom, como gran innovación en bases de datos de legislación y jurisprudencia, pero no fue hasta la expansión de Internet, gracias a la liberalización del sector de las telecomunicaciones, cuando no hubo una adopción masiva de la tecnología en la abogacía.
En paralelo, se desarrollaron el comercio y los servicios electrónicos, se consolidó el concepto de privacidad, surgieron nuevas formas de delincuencia y otros desafíos legales relacionados con la tecnología que debieron ser abordados por los profesionales del derecho.
Hoy en día, es impensable encontrarse en una situación que no involucre algún elemento digital, ya sean negociaciones por correo electrónico, acciones que quedan registradas en un ordenador, evidencias que se encuentran en páginas web, fotografías y otras grabaciones digitales… nuevos soportes que permiten acreditar hechos y que incorporan mucha más información (metadatos) que la que se percibe a simple vista. Por tanto, aun cuando el abogado no asesore o defienda intereses que tengan que ver, por ejemplo, con el comercio electrónico o la contratación de productos o servicios tecnológicos, la protección de datos o la ciberseguridad, los activos digitales o los delitos informáticos, hay un conocimiento informático mínimo que no se le puede escapar.