Queridos compañeros: Sé que todos estamos pasando por malos momentos, muy malos. A quienes han sufrido el azote del virus, bien personalmente o en sus familias, os traslado mi solidaridad y apoyo; a quienes han tenido la fortuna de no verse afectados, os envío mi ánimo y esperanza. Soy consciente que esta inexplicable e inadmisible paralización de la Justicia nos está afectando profundamente, tanto a nuestros clientes como a nosotros profesionalmente.
A pesar de los reiterados y constantes avisos, llamamientos y solicitudes de que se reanude la actividad judicial, efectuados tanto desde el Colegio como desde el Consejo General de la Abogacía Española, parece que la Justicia sigue viviendo en una urna intocable, ajena a la realidad y profundamente perezosa. Es fácil para quien recibe un sueldo mensual ir despacio; pero a nuestros clientes y a nosotros nos urge que se acabe con este estado de hibernación (palabra ésta que, sin mucho acierto, utilizó hace unas fechas el Consejo General del Poder Judicial en un documento).
Todos damos preeminencia a la salud sobre cualquier otro valor, pero siendo cierto lo anterior llevamos semanas, meses, viendo cómo otras actividades públicas y privadas no se han detenido. Es ocioso dar ejemplos pues a todos nos consta. Y opino que respetando las medidas de seguridad que indican las autoridades sanitarias es posible que la Justicia se ponga en marcha ya.
Incluso antes de la declaración del Estado de Alarma en el Colegio hemos venido adoptando medidas de muy diversa índole para intentar que este azote sea más llevadero. Así nos anticipamos a suspender las actividades de Formación en la Circular número 11/2020, previendo la situación que parecía inminente. Tras esta Circular han seguido 25 más hasta hoy -muchas de ellas de contenido muy complejo- en las que hemos intentado ponerte al tanto en cada momento de la situación en la que nos encontrábamos, cosa difícil a la vista del elevado número de normas publicadas con ocasión del COVID-19, muchas de ellas oscuras, indefinidas e incluso contradictorias.
Mientras tanto la actividad de la Junta de Gobierno, y la mía como Decano, no solo se ha mantenido sino que ha sido muy superior a cualquier otro momento. Puedo aseguraros que en los más de siete años que llevo de Decano, nunca antes he dedicado tantas horas al día a intentar solventar los problemas del Colegio, del CGAE y, muy especialmente, los de los compañeros -todo ello con mayor o menor fortuna-.
Hemos enviado comunicaciones a muy diversas instancias y autoridades para proteger y regularizar nuestra actividad en momentos tan excepcionales: reclamando medios de protección personal para los compañeros en centros de detención y tribunales -cuando inicialmente no podíamos obtenerlos desde el Colegio-, hasta solicitando medidas alternativas a la presencialidad en las asistencias a detenidos y víctimas de violencia; reclamando asimismo la equiparación de las ayudas reconocidas a los autónomos adscritos al RETA para los compañeros mutualistas; proporcionando información sobre los trámites a realizar en relación a las diversas -y escasas- ayudas a los despachos profesionales; obteniendo en el mercado proveedores de equipamiento de protección personal; ajustado las necesidades del Colegio a través de un ERTE; adelantando los pagos del Turno de Oficio antes incluso de la liquidación de la DGA; ampliando la partida presupuestaria para “ayudas al compañero”; habilitando nuevas formas en las actividades de Formación a través de conexiones en remoto; adaptando nuevas ofertas en Biblioteca; etcétera. (Me remito a las 26 Circulares publicadas desde el 11/03/2020, así como a las comunicaciones de la Comisión de Formación).
En la misma línea no hemos dejado pasar la oportunidad para plantear en todas las instancias posibles las demandas que todos nosotros deseamos. Y ello tanto mediante aportaciones al Consejo General de la Abogacía, para su traslado al Ministerio y CGPJ, como con nuestras solicitudes a la Comisión de Seguimiento de la crisis del Tribunal Superior de Justicia, pasando por comunicaciones al Gobierno de Aragón, a la Dirección General de Justicia e, incluso, a la Delegación del Gobierno en Aragón.
Antonio Morán Durán
Lamentablemente no todas las peticiones efectuadas han dado resultado positivo, aunque es cierto que determinadas medidas adoptadas han acogido propuestas nuestras –menos de las deseables, afirmo yo–.
En todo caso quiero trasladaros un mensaje claro: no dudéis de que por parte de todos los que tenemos responsabilidades de representación en la Abogacía, especialmente vuestra Junta de Gobierno y vuestro Decano, seguiremos reclamando y exigiendo lo que creemos que es lo mejor para nuestra profesión, y ello tanto en beneficio no solo de los ciudadanos -nuestros clientes-, sino también ejerciendo nuestro derecho para proteger los intereses legítimos de los abogados.
En nombre de la Junta de Gobierno y en el mío propio os animo a que sigáis adelante con ánimo y esperanza, que no hay problema alguno que un buen abogado no pueda superar. Mientras tanto seguiremos, y yo seguiré, a vuestro lado.
Un cordial y afectuoso saludo.