D. Alfonso Ballestín

De ahí quizá también todo el tema de la formación porque has colaborado y sigues colaborando: tutor de alumnos de la escuela judicial, colaboración en la comisión de evaluación de las pruebas de aptitud profesional, colaboras con la formación del Colegio de Abogados, eres coordinador de formación de jueces…

Si, la verdad es que en lo concerniente a la formación, aunque con muchas limitaciones por el tiempo que tengo que dedicar al trabajo jurisdiccional, siempre me he implicado. La formación es fundamental para poder desarrollar bien nuestro trabajo y mejorar así la calidad del servicio público que prestamos a los ciudadanos. Por tal motivo, en la medida de mis posibilidades, no solo he participado en la programación y organización de actividades de formación, sino incluso en actos en los que se ha contado conmigo como ponente o partícipe en variadas mesas de debate.

Soy Coordinador de formación de los jueces de Aragón desde el año 2014 y es mi propósito continuar con tal responsabilidad, compatibilizándola con el nuevo cargo de Presidente, al menos mientras me sienta capaz y tenga disponibilidad de tiempo para desempeñarla. Como ya dije en mi discurso de toma de posesión, en la programación de actividades de formación no faltarán temas dedicados a la perspectiva de género, pues así se nos está reclamando desde distintos ámbitos de la sociedad. A este respecto considero que es importante identificar, primero, y erradicar, después, posibles estereotipos o prejuicios que nos puedan estar llevando a dar un trato desigual a la mujer, por el mero hecho de serlo. Creo que hay buena disposición por parte de los compañeros en aceptar este tipo de formación, no porque consideremos que ahora lo estemos haciendo mal, sino porque, quizá inconscientemente, esos estereotipos que posiblemente nos influyen en nuestro trabajo, a lo mejor no los estamos detectando.

No sé si te entiendo. ¿Qué falta? ¿Sensibilidad?

 No, no es eso, creo que somos sensibles ante todo lo relacionado con los derechos de las víctimas de la violencia de género. Lo que ocurre es que considero de interés profundizar en estas cuestiones con el fin de mejorar la percepción valorativa de las pruebas con que contamos en estos casos. Ahora bien, también quiero aclarar que juzgar con perspectiva de género no significa que nuestras resoluciones tengan que coincidir necesariamente con las pretensiones de las víctimas, ni con lo que, en apoyo de éstas, reclama la calle. Aunque pueda resultar obvio recordarlo, los jueces tutelamos derechos de todos los intervinientes en el juicio, aplicando en cada caso el correspondiente método hipotético-deductivo que nos lleva a la correspondiente conclusión final, tras la valoración de todas las pruebas que se practican ante nosotros. No se trata de amparar los derechos de la víctima en detrimento de los del acusado, sino de tener en cuenta que, situándose esos derechos en planos diferentes, todos ellos son igualmente susceptibles de tutela judicial.

Fenomenal. Además te da la vida para hacer ponencias, trabajos, editoriales, colaborar con la revista del Colegio. A raíz de esto la última comunicación que enviaste para nuestra revista colegial del número publicado en julio de 2018, la titulaste “feminismo judicial”.

Sí, ese fue el título, pero en interrogante.

Eso es, ¿feminismo judicial?

El título lo copié de un artículo periodístico que se publicó en el Periódico de Aragón. Allí no lo ponían con interrogante, pero como yo discrepaba de la filosofía que lo inspiraba, que a su vez venía también inspirado por los comentarios de dos abogados, quise trasmitir así mi discrepancia. Este artículo salió a raíz de la sentencia del TS 282/2018, de 13 de junio, en la que de alguna manera se venía a introducir una nueva categoría probatoria: la declaración de la víctima de violencia de género. A partir de este criterio del TS, quería manifestar mi opinión discrepante, exponiendo que a priori no se puede establecer la declaración de una víctima de violencia de género como una prueba privilegiada, en relación con la declaración de otra clase de víctimas. Entiendo que en cada caso hay que analizar la situación de todos los elementos probatorios concurrentes y a partir de ahí valorar, por supuesto, esa declaración, pero sin darle una validez especial por el solo hecho de provenir de una víctima de esa clase. Nuestra función como jueces pasa por analizar individualmente cada una de las pruebas cuya práctica presenciamos para, posteriormente, ponerlas en común y deducir las apreciaciones correspondientes, y creo que eso no debe cambiar.

En esas publicaciones me llamó la atención alguna de las publicadas en la revista Andalán porque son opiniones muy valientes; no has tenido –permíteme la expresión–  pelos en la lengua, siempre desde el respeto, por supuesto. Y me llamó la atención concretamente el artículo titulado “la ciudadana Cristina” y otros, aparte de la derogación de la doctrina Parot, como el que titulabas “nosotras decidimos”, que venía hablar del tema del aborto. Me pareció que tienes una mentalidad muy abierta, muy de futuro, me pareces muy moderno para haber nacido en 1956.

Simplemente son manifestaciones del compromiso que, como ciudadano preocupado por los temas sociales que nos afectan, siempre intento mantener exteriorizando mis convicciones ideológicas. No soy de los que se callan. Lo que pienso lo digo, sin pretender ser políticamente correcto cuando me expreso. Soy consciente, lógicamente, de que muchas veces lo que yo piense no tiene porqué gustar a todo el mundo, pero, cuando no estoy desarrollando mi función como juez, lo que no va conmigo es dejar de opinar sobre cualquier tema. Una cosa es que en mi función jurisdiccional deba ser política e ideológicamente neutral, y otra muy distinta que como ciudadano no pueda posicionarme, por ejemplo, sobre la actitud procesal de un fiscal en un caso de enorme trascendencia mediática, o sobre cuestiones importantes que están en el debate público, como la del aborto.

Comprometido con mis ideas, las intento expresar siempre con honestidad y respeto, y nada ni nadie me va a cambiar, sobre todo porque considero que con tal actitud no quebranto ningún principio de ética profesional.

En el discurso también dijiste que “los comentarios de los políticos influyen en la desconfianza de los ciudadanos en la justicia” ¿Crees que es así?

Sí, por supuesto, aunque sin generalizar, hablé de los comentarios “de algunos políticos”. Observamos como se va abriendo una brecha importante entre la sociedad y el poder judicial, influyendo en ello los comentarios de ciudadanos, personajes públicos o grupos de presión, pero también, indudablemente, los de algunos líderes políticos. Así, por ejemplo, cuando trasciende que un senador, sin fundamento alguno, dice a sus compañeros, vía WhatsApp, que van a controlar la sala 2ª del TS, y alardea de ello, se está erosionando gravemente ante la sociedad nuestra credibilidad como jueces. Además, ello es más reprochable cuando, como es el caso, se dice a sabiendas de que es falso. Lo expresó así el senador Cosidó, portavoz del PP en el Senado, en relación con el nombramiento que se iba a producir del Magistrado del TS Manuel Marchena como presidente del CGPJ. Me parecieron tan graves, escandalosos y preocupantes estos mensajes que, en mi opinión, este señor no tendría que haber seguido en política ni un minuto más; sin embargo, ahí lo tenemos todavía.

Aparte de esos espurios mensajes de algunos líderes políticos, también a nivel de redes sociales, tertulias de bar u otros escenarios idóneos para los justicieros de turno, se tiende a lo mismo: criticar las decisiones judiciales, muchas veces sin saber de qué se está hablando. Por ejemplo, últimamente he visto muchas declaraciones en relación con la absolución del ex ministro Narcis Serra por una administración desleal de la que se le acusaba. Pues bueno, habrá que respetar la sentencia, y si alguien quiere criticarla, como mínimo habrá que pedirle que se la lea, qué menos. Por poner otro ejemplo, quizá el más clamoroso, en relación con la sentencia de la Audiencia de Navarra sobre el denominado “caso de la manada” se produjo una crítica totalmente injustificada y exacerbada. Frente a una decisión jurisdiccional razonada y fundada, la gente se echó a la calle y tiró por tierra el trabajo del tribunal, incluso con amenazas y descalificaciones personales hacia sus miembros. Ante lo cual, siendo firme partidario del derecho a criticar las sentencias, lo que creo es que hay que exigir que las críticas se hagan con argumentos y, sobre todo, sabiendo de qué se habla. En este caso, si nadie vio lo que ocurrió en la vista oral, si nadie presenció las pruebas -porque el juicio se celebró a puerta cerrada-, y si el 99,9 % ni siquiera había leído la sentencia, creo que en absoluto estuvieron mínimamente justificadas esas manifestaciones tan virulentas que se produjeron.

¿Eres coordinador territorial de la Asociación Jueces para la Democracia?

No. Ahora es Concepción Gimeno, que es la compañera que está destinada en el Juzgado de lo Contencioso nº 4. Yo estuve muchos años, pero somos muy pocos afiliados y nos tenemos que repartir los períodos de la representación. Lo vamos haciendo de forma sucesiva y ahora le toca a la compañera Concepción Gimeno, esperemos que por bastante tiempo, porque lo está haciendo muy bien.

He leído en tu programa para defender tu candidatura a presidente de la AP que eres gran defensor de la independencia e imparcialidad de los jueces. Defensor también de la colaboración estrechísima con todos los operadores con la Administración de Justicia y siempre haces referencia a los abogados, cosa que no todos tus compañeros lo hacen. Algunos piensan, no que no estamos al mismo nivel, pero sí que les estamos complicando la vida cuando lo que tendrían que pensar es que nosotros estamos defendiendo los intereses lícitos y legítimos de nuestros clientes. Me agrada que lleves la independencia e imparcialidad judicial hasta el límite en tu defensa.

Yo lo tengo claro, manteniendo buenas relaciones con los distintos operadores jurídicos, nunca nadie, en mi ya larga vida profesional, me ha dicho cómo tengo que dictar una sentencia. En contra de lo que muchos ciudadanos puedan creer, nosotros no recibimos instrucciones de nadie para resolver en un sentido u otro. Y por otra parte, por mucha amistad que yo pueda mantener con un abogado que defienda a un acusado o, en su caso, los intereses de un perjudicado, es evidente que tal relación no va a influir en mis decisiones. Por tal motivo, partiendo del respeto a la función que cada uno tenemos, me parece fundamental mantener esa línea de buenas relaciones, especialmente con los abogados. Nos podemos tomar juntos unas cañas o estar en un ambiente distendido, hablado de lo que sea, sin que ello tenga porqué influir en la actividad jurisdiccional. Eso, que es obvio para nuestros respectivos colectivos, quizá a la gente de la calle haya que decírselo y explicárselo, para evitar suspicacias infundadas.

También en tu programa me llamó la atención que planteabas unas reuniones habituales o periódicas entre los magistrados de la AP para una unificación de criterios jurídicos. Eso como abogada ojalá se consiguiera porque en asuntos idénticos estamos pendientes de ver en qué Juzgado se ha turnado o a qué Sala me toca. Eso crea inseguridad jurídica.

Evidentemente, aunque cada caso es distinto, hay cuestiones que se repiten y que al final, si no hacemos puestas en común, cada juez o tribunal podemos decidir de forma diferente. Por tal motivo, sería muy positivo que, respetando la independencia judicial de cada uno, y aprovechando la posibilidad que nos da el artículo 197 de la LOPJ, hiciéramos reuniones de todos los Magistrados que componen la Audiencia para llegar a acuerdos y así intentar establecer unos criterios uniformes, sobre todo para que los que defendéis los intereses de los ciudadanos que acuden a nosotros para que sus derechos sean tutelados tengáis una orientación clara sobre lo que cabe esperar en cada caso.

Para mí es un aspecto más de lo que es el principio de seguridad jurídica.

En relación con este tema que te parece ahora ya otra vez modificación del Código Foral a tenor del art. 80 porque este sector político decide que hay que cambiarlo.

Se pretende cambiar la ley en materia de custodia compartida para el cuidado de hijos menores. A mí me parece positivo que deje de ser “preferente” este sistema, pues en todos los casos lo preferente debe ser el interés del menor, no un sistema u otro. Igualmente, me parece adecuado que se valore la dedicación que haya podido tener cada progenitor con los hijos comunes. Introducir la custodia compartida como preferente nunca lo consideré acertado y es por ello que ahora, en mi opinión, con esta modificación se va a mejorar la norma.

Por eso, vuelvo a lo mismo. Es que los jueces, como has dicho, han decidido caso a caso.

Siempre se debe tener en cuenta el interés del menor, que es lo que debe marcar la decisión final sobre custodia de hijos menores. Por tanto, si estamos de acuerdo en que este principio es el que debe primar, no se entiende lo de la preferencia de un determinado sistema respecto de otros. Me parece que está muy bien que exista la custodia compartida como posibilidad, y que la práctica nos indique si debe o no primar su aplicación, pero ponerla como preferente en una ley…, pues como que no lo veo bien. De cualquier forma, ya sabes que estoy en una sección penal y que, por tal motivo, mi opinión no tiene porqué ser tenida en cuenta.

Ahora Cristina te va a preguntar por la mediación intrajudicial que también está en tu programa.

Efectivamente. ¿Qué opinas? No sé si has tenido ocasión de ver el anteproyecto.

Lo que se pretende con el Anteproyecto de Ley de Impulso de la Mediación es la implantación de la mediación como sistema alternativo de solución de conflictos en los ámbitos civil y mercantil, pero yo, como es lógico, a la que más atención he dedicado ha sido a la medición penal, cuya regulación llegará, supongo, cuando vea la luz ese eternizado Código Procesal Penal que tantos años llevamos esperando. Participé en aquellas experiencias piloto que se produjeron a partir del año 2006, cuando yo estaba destinado en el Juzgado de Instrucción nº 3, y desde entonces siempre he defendido las bondades de la mediación penal, sobre todo en asuntos que se refieran a hechos que no estén castigados con penas excesivas. Creo, sinceramente, que son experiencias positivas; que la gente hable entre sí, que un mediador explique el procedimiento a los intervinientes, sin tomar parte activa en los acuerdos a los que puedan llegar, y que se posibilite así un acuerdo sin necesidad de pasar por un juicio, me parece muy positivo, entre otras cosas porque de esta forma puede quedar abierta la puerta para la recuperación de las relaciones humanas entre personas que han estado implicadas en el conflicto, desde posiciones contrapuestas. Creo, incluso, que en alguna materia en la que está prohibida expresamente la mediación, como ocurre con la violencia de género, debería posibilitarse la misma, aunque fuera con un filtro previo que evitara situaciones de desventaja que se pudieran objetivar. Por supuesto, en estos casos los mediadores deberían tener una especialización concreta, la víctima debería tener garantizada totalmente su seguridad, y se debería contar, incluso, con un informe psicológico previo y positivo, pero sin perjuicio de tener presentes todas estas prevenciones, considero que no debería estar descartada por ley la posibilidad de la mediación.

Quizás en el ámbito de los denominados delitos leves.

Si claro, pero no solo en delitos leves, también en robos, acoso laboral, coacciones, etc. Mucha gente se confunde: el mediador no es un árbitro ni un conciliador, es otra cosa. El mediador pone en común a dos personas que tienen un conflicto y les explica cómo va eso de la mediación, pero al final son ellas las que tienen que hablar entre sí y, en su caso, llegar a acuerdos. Si al final el autor del hecho está dispuesto a resarcir el perjuicio que ha provocado, económica o moralmente, se le podrá apreciar la atenuante de reparación del daño y rebajarle la pena hasta dos grados (si se aprecia como muy cualificada), mientras que la víctima quedará resarcida a plena satisfacción. En fin, se trata de que el autor del hecho pueda expresar ante la víctima la motivación del porqué ha actuado así y manifieste su disposición a reparar el daño, pero también que dicha víctima sienta cierta empatía con él, intentando comprender la problemática que le ha llevado a delinquir, todo ello encaminado a llegar a algún acuerdo que satisfaga a ambos. Esa es la finalidad de la mediación.

Así que no crees que pueda perjudicar a la profesión de la abogacía ni por supuesto a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos ni a los jueces.

Yo creo que no porque una vez alcanzado un acuerdo en el ámbito penal, el juez recibe ese acuerdo con el beneplácito del Ministerio Fiscal. Desde luego, un hecho delictivo que se persigue de oficio no puede quedar perdonado aunque esa sea la voluntad de la víctima, pero siempre estará la posibilidad de apreciar la atenuante de reparación del daño. Por parte del juez, se recibe este acuerdo de mediación, que ha pasado a ser una conformidad con el Ministerio Fiscal, y a partir de ahí se lleva a la sentencia, esperando, por supuesto, que se cumpla.

En este ámbito penal ¿crees que los mediadores habrían de ser siempre abogados? Lo digo porque cualquier decisión o postura puede tener unas consecuencias jurídicas en un sentido o en otro.

No lo veo como necesario. Tener conocimientos jurídicos quizá sí, pero vamos, que tener un título de derecho para ser mediador no lo considero algo imprescindible.

Por eso, creo que esa formación jurídica mínima ha de tenerla el mediador.

Sí. Unos conocimientos de lo que es objeto de la mediación se deben tener, entiendo yo, pero, como digo, que los mediadores tengan que ser abogados no lo considero necesario.

Digo abogado, pero puede ser juez o juez jubilado. Quiero referirme a una persona con conocimientos jurídicos

Sí, por supuesto. Por ejemplo, en asuntos que no son míos, yo como juez podría irme a Huesca a hacer mediación, no veo ningún problema en ello. Tendrían que ser asuntos que no tuvieran que ver con mi jurisdicción, ni con la de mis compañeros en Zaragoza, para no incurrir en incompatibilidad, pero al margen de ello, ¿por qué no?

O sea, que vas a fomentar la mediación.

Por supuesto que sí.

Nos queda hablar del expediente digital, que también estás por ello.

Es que hay que asumirlo, porque ya lo tenemos implantado. Lo que hace falta es que se vayan corrigiendo algunos problemas que se están detectando y que haya receptividad por parte de la Administración sobre algunas propuestas de mejora que estamos haciendo. Con el AVANTIUS, el programa que se nos ha instalado para la implantación del expediente digital nos permitirá profundizar en la modernización de la Oficina judicial y en la mejora de la gestión procesal. Va a ser un antes y un después en la Administración de justicia.

Has hablado de la labor formativa de los jueces. En tu programa también hablabas de la labor formativa o pedagógica respecto de los ciudadanos para intentar compensar o explicar esa desconfianza que se está creando en la ciudadanía frente a los jueces y el poder judicial en general. ¿Cómo has pensado salir a la calle a realizar esa labor pedagógica?

Entre otras cosas, llevo in mente una propuesta para la Administración autonómica   -que de hecho me la aceptó la Directora General de Justicia e Interior- para intentar llevar a las escuelas y colegios algún tipo de formación en justicia. Se trataría de preparar un folleto con dibujos que explicara cómo funcionamos y cuáles son los principios que rigen nuestra actuación como jueces, con el complemento de nuestra presencia en los Centros educativos para dar las explicaciones que se nos pidieran. Que ya desde la escuela se pudiera saber qué hace un juez, hasta dónde puede llegar, qué es la independencia judicial, si hace falta dinero para litigar…, es algo muy positivo.

Y en cuanto a los adultos, la labor pedagógica consistiría en que los jueces, especialmente los que tenemos ciertos cargos, saliéramos de nuestros despachos y explicáramos a la ciudadanía cómo funciona todo esto. Así se evitarían algunas críticas infundadas y conseguiríamos que cuando los ciudadanos salieran a la calle lo hicieran con suficiente conocimiento de causa, alejados de la utilización de meras expresiones de pancarta que, obviamente, aunque puedan sonar bien, por sí mismas no llegan mínimamente a la categoría de crítica razonable y razonada.

Para terminar dos frases que me han gustado de tu discurso: “mejorar la calidad de la justicia para los ciudadanos “ y “el funcionamiento de la audiencia tratando de reducir los tiempos para mejorar esta Justicia”.

En cuanto a la mejora de tiempos, creo que, en general, aquí se está dando una rápida respuesta a los problemas que nos plantean los ciudadanos. Pero claro, puede ocurrir que puntualmente se detecte algún problema de retraso en algún órgano judicial de la provincia cuya Audiencia presido. Pues bien, en estos casos, mi compromiso pasa por arrimar el hombro y, en lugar de estar expectante hasta que se solucione el problema, participar con los jueces afectados en el análisis de las causas por las que se está produciendo ese retraso, intentando buscar la solución satisfactoria para que ese problema deje de serlo.

Gracias Alfonso. Un placer.