EL ReICAZ y la administración de justicia en Zaragoza en 1978

Acudí a las publicaciones más accesibles, las “listas” y los boletines colegiales de 1978. Las listas (de abogados, de procuradores, de notarios) precedían a la “Guía Judicial” y ofrecen una idea precisa de la profesión y del mapa jurídico de la época. Arrancaban las listas con el calendario de guardias (en aquella época las guardias de los cuatro Juzgados de Instrucción existentes eran semanales) y una agenda para señalamientos. Finalizada esta agenda venía la lista de nuestro colegio.

Lo primero, las sedes colegiales: “Coso, 1.- Palacio de Justicia” y la Sala de Letrados de los Juzgados de la Plaza del Pilar, 2.- El boletín colegial de la época ya daba cuenta de los problemas de espacio que sufría el colegio y de la búsqueda de nuevos lugares donde establecerse. En la Audiencia estuvo nuestro Colegio hasta su traslado a su actual sede de Don Jaime I, que se inauguraría en 1991. A continuación venían la relación de compañeros fallecidos en el año anterior y después el “Cuadro de Honor” profesional que encabezaba don José Calvo Sotelo, “Decano Honorario Perpetuo” (sic). La perpetuidad no fue tal porque el nombre del ex-ministro de Hacienda y diputado a Cortes asesinado en julio de 1936 desaparece en la lista de 1982 (no he podido consultar las listas de 1980 y 1981). Supongo que la retirada de la mención honorífica del «Hall of Fame» profesional obedecería a la corrección política, que como se ve no es un invento reciente. Dudo que la Junta de entonces despojara al Protomártir de tal honor sino que decidiría omitirlo en la lista con la misma vocación de perpetuidad con la que lo honró. Las sepulturas perpetuas también lo son hasta que se hacen obras en los cementerios; hablando de cementerios, en esos mismos días la brevísima ley 49/1978, de 3 de noviembre dispuso derribar las tapias interiores que separaban los cementerios católicos de los civiles, hermanando a todos los españoles en la hora de la muerte. Tras el Decano Honorario Perpetuo venían los Colegiados de Honor, diecinueve compañeros.

Continuaba la lista con la composición del Consejo General de la Abogacía y luego venían los nombres de los componentes de la Junta de Gobierno. Decano Honorario era Rafael Pastor Botija (decano de 1961 a 1975) y decano desde 1976 era Ramón Sainz de Varanda y Jiménez de Laiglesia, quien en 1979 encabezaría la candidatura del PSOE a la alcaldía de Zaragoza, lo que le costó algún disgusto familiar. Don Ramón presentó su renuncia al decanato una semana después de celebrarse las elecciones municipales, cuando ya fue previsible su elección como alcalde de la ciudad, sustituyéndolo como decano en funciones Álvaro Miranda Nasarre. A Sainz de Varanda se debe que nuestro colegio superara los mil colegiados residentes en el territorio mediante el expediente de colegiar gratuitamente a todos los procuradores para obtener de esta forma una plaza permanente en el Consejo General de la Abogacía (como Barcelona, Valencia y Sevilla). Ramón Sainz de Varanda desempeñó el cargo de alcalde desde 1979 hasta su fallecimiento en 1986. Otro antecesor suyo, Emilio Laguna Azorín, recorrió décadas antes el mismo camino pero en sentido inverso: primero fue alcalde y luego decano.

La lista también daba noticia de los colegiados pertenecientes a la orden de San Raimundo de Peñafort en sus distintas categorías. A falta de publicidad profesional, que prohibía el Estatuto General de la Abogacía de 1946, estas menciones honoríficas no estaban nada mal. Quiero destacar especialmente a Luis Jordana de Pozas, también catedrático de Derecho Administrativo al que suele atribuírsele la tríada en la que se divide la actividad administrativa: policía, fomento (precisamente las condecoraciones, el derecho premial, se encuadran en este sector) y servicio público; y a José Lorente Sanz, que desempeñó importantes cargos en el primer franquismo. Los menciono porque ambos ostentaron tanto la Gran Cruz como la Cruz de Honor de esta Orden al mérito jurídico. Este listado apareció por última vez en 1986.

Cerraban estas páginas preliminares la relación de “Señores colegiados que han pertenecido a la Junta de Gobierno”. Lo de “Señores” en riguroso género masculino porque las primeras señoras colegiadas pertenecientes a la junta fueron Amelia Marco Moreno, tesorera, y Gloria Labarta Bertol, diputada séptima en 1980.

A continuación venía el listado alfabético de colegiados. El compañero ejerciente más antiguo era Manuel Albareda Herrera, marqués de Embid, colegiado en 1921. En la lista de 1978 el censo de colegiados lo componían 572 compañeros ejercientes (solamente 23 compañeras) y 456 no ejercientes (de ellos 7 compañeras). Un año después (o sea, con las incorporaciones del año 1978) serán 613 y 474 respectivamente. El crecimiento cuantitativo de colegiados ha sido realmente espectacular. Lo mismo que la masiva incorporación de la mujer a la abogacía. Las compañeras eran “Srta. D.ª” o “D.ª” según su estado civil y con absoluta independencia de la edad. Me ha llamado la atención que a menudo se hacían constar primero el domicilio particular y luego el del despacho. El callejero aún mantenía las denominaciones del “régimen anterior” (la expresión más usual hasta no hace mucho) y es que eran unos momentos en los que ni lo nuevo acababa de nacer ni lo viejo terminaba de morir. Lo normal: los cambios profundos no suelen ser tan bruscos, y eso que desde la muerte del general Franco hasta la ratificación de la Constitución por el pueblo español en el referéndum de 6 de diciembre de 1978 apenas si pasaron tres años.

La lista seguía con la relación de empleados del colegio: su jefe, Vicente Aranda; una taquimecanógrafa, una oficial, una auxiliar en los Juzgados y un ordenanza. Cinco empleados cinco. Con esto ya nos podemos imaginar que los servicios que podría ofrecer el colegio no serían demasiados. La cuota de ingreso era de 15.000 pesetas para los colegiados ejercientes en la capital (zaragozana, se entiende) y de 7.500 pesetas en las cabezas de partido. La cuota anual se fijaba en 3.000 pesetas. Luego se recogían las escalas para las estampillas de bastanteos de poderes a los que se refería la LEC de 1881, un mecanismo de financiación colegial que se suprimió con bastante revuelo el año 2000, dando origen a las juntas más concurridas de los últimos años. Se detallaba también la utilización obligatoria de las pólizas y el papel profesional de la Mutualidad con las correspondientes escalas.

La lista se cerraba con las publicaciones a las que estaba suscrito el colegio. Aparte de los diarios oficiales, repertorios de legislación, revistas jurídicas, etc., en el colegio se recibían los diarios locales de la época: “Heraldo de Aragón” (en aquella época de dimensiones enormes o al menos eso me parecía de crío: se decía de forma ciertamente irreverente pero muy gráfica que Jesús no murió en la Cruz sino leyendo el “Heraldo”), “Aragón Express”, “Amanecer” (el diario del Movimiento en Zaragoza), y “Andalán” (primero diario y ya entonces convertido en semanario: la prensa siempre ha estado en crisis). El panorama de los medios de comunicación ha cambiado radicalmente en estos cuarenta años pero “el parlamento de papel” local era más variado que el actual. Un año antes se había dejado de publicar “El Noticiero” y más adelante lo haría la “Hoja Oficial del Lunes”, que en esa época era el único periódico autorizado a publicarse en lunes para respetar el descanso dominical de los trabajadores del sector.

Luego nos encontrábamos con la información del Colegio de Procuradores, domiciliado en la planta baja de la Audiencia y también con sede en los Juzgados, como el nuestro. Su Decano aquel año era Orencio Ortega y estuvo desempeñando el cargo desde 1962 a 1981. Este colegio lo componían setenta miembros. Aquí la incorporación femenina fue más intensa: en 1978 se colegiaron cinco procuradores, cuatro de ellos mujeres. Había catorce procuradores con ejercicio en la provincia: una en Cariñena, tres en Calatayud, tres en Caspe, uno en Daroca, tres en Ejea de los Caballeros, y otros tres en Tarazona. Se indicaba que para empezar las prácticas como procurador había que tener dieciséis años cumplidos; en cambio para examinarse se indicaba que había que tener veintiún años cumplidos (que era la mayoría de edad establecida en 1943 y que se modificó en noviembre de 1978, precisamente con vistas al referéndum constitucional).

A continuación venía la relación de notarios, registradores de la propiedad y abogados del Estado. El distrito notarial de Zaragoza tenía quince notarías de primera en la capital y seis notarías de tercera (en Alagón, Belchite, La Almunia, Mallén, Pina de Ebro y Zuera). Los otros distritos notariales de la provincia, con notarías de tercera eran Calatayud, Caspe, Daroca, Ejea de los Caballeros y Tarazona de Aragón (sic). La “Delegación Regional del Colegio de Registradores de la Propiedad” estaba desde no hacía mucho en Tenor Fleta, 55, y había tres registros y seis registradores. Y la Abogacía del Estado aún estaba en la todavía plaza José Antonio, 7, en el edificio de la Delegación de Hacienda; Los abogados del Estado eran seis. Delegación de Hacienda y Abogacía del Estado se trasladaron a Albareda, 16, dejando espacio a la naciente Diputación General de Aragón.

Seguía la lista del Colegio de Abogados de Huesca: ciento cuarenta colegiados, todos ellos varones y enumerados sin orden ni concierto alguno. Ni alfabético, ni numérico, ni por año de antigüedad: nada. Los procuradores sí aparecían por orden alfabético.

Los veintisiete compañeros del Colegio de Abogados de Teruel aparecían ordenados alfabéticamente y sin año de incorporación (lo que se enmendó en la lista de 1979). La información de los procuradores turolenses era escasísima: de los seis que había solamente consta la dirección de uno de ellos. Eso sí, se recogía una breve y útil guía administrativa informándonos de los nombres y direcciones del gobernador civil, del gobernador militar, del presidente de la Diputación, del Alcalde, de los distintos delegados (de Hacienda, Industria, Información y Turismo, Vivienda, etc.) que permite formarse una idea muy precisa de la organización de la administración periférica del estado preconstitucional.

El máximo órgano judicial de la región era la “Excma. Audiencia Territorial”, con una Sala de lo Civil y otra de lo Contencioso-Administrativo. En el ámbito provincial el órgano superior era la “Ilma. Audiencia Provincial”, también en Coso, 1. La sede de los juzgados del partido judicial de Zaragoza en la plaza del Pilar, 2, obra de Regino Borobio inaugurada en 1966, acogía cuatro Juzgados de Primera Instancia, seis Juzgados de Distrito (sucesores de los Juzgados comarcales y municipales), cuatro Juzgados de Instrucción y el Juzgado de Peligrosidad y Rehabilitación Social. También cuatro Magistraturas de Trabajo, las antecesoras de los Juzgados de lo Social.

Los órganos judiciales aumentaron en número, el edificio se quedó pequeño y empezó la dispersión de sedes judiciales paliada pero no eliminada con la ampliación por el solar de la calle Prudencio, obra de Alejandro de la Sota inaugurada en 1993. El vía crucis judicial zaragozano también tuvo estaciones en las calles San Andrés, Capitán Portolés, Coso 34; Alfonso I, Convertidos; las secciones de la Audiencia en Pablo Gargallo hasta la ampliación de Galo Ponte…). Y es que en todos estos años la planta judicial se ha ido enriqueciendo con Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, de lo Penal, de Menores, de lo Contencioso Administrativo, de lo Mercantil, de Violencia sobre la Mujer lo que finalmente llevó (tras barajar otras opciones como un distrito judicial en el casco histórico o la expulsión “dando una salida adecuada” de las monjas y del Cabildo Metropolitano de la plaza del Pilar) a la creación de una nueva Ciudad de la Justicia aprovechando los forjados de parte de los pabellones de la Expo 2008 (en concreto los pabellones de las Comunidades Autónomas y el edificio Ebro 1) que fue inaugurada en mayo de 2013.

En la provincia Calatayud tenía un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción y otro de Distrito; Caspe lo mismo; Daroca y Cariñena tenían sendos Juzgados de Distrito; Ejea de los Caballeros tenía Juzgado de Primera Instancia e Instrucción y otro de Distrito; y Borja y Tarazona tenían sendos Juzgados de Distrito.

También recogía la guía la composición del Tribunal Eclesiástico Metropolitano. Y seguidamente la organización de la jurisdicción militar de la época: la Auditoría de Guerra de la Quinta Región, en el cuartel de Hernán Cortes (donde ahora están la Biblioteca de Aragón y los Registros de la Propiedad). Allí estaban (por poco tiempo, pues pasaron al acuartelamiento de San Fernando) los cinco Juzgados Militares, el Juzgado de Ejecutorias y cinco Juzgados de Vehículos de Motor. La Secretaría de Justicia estaba en Ponzano, 2, en el antiguo Gobierno Militar (el emblema del Ejército de Tierra sobrevive en la puerta de este edificio de titularidad municipal). La Auditoría de Guerra de la 3ª Región Aérea Pirenaica estaba en la calle Mefisto, 2. La jurisdicción militar la culminaba el Consejo Supremo de Justicia Militar, con sede en Madrid.

También se daba cuenta de la Delegación Provincial de Trabajo y de la Inspección de Trabajo, con nombres y direcciones particulares de su personal (esto también se hacía con el personal al servicio de los juzgados, lo que actualmente sería impensable además de ilegal).

Continuaba la guía con los datos del centro penitenciario de detención de Zaragoza (o sea, la saturada cárcel de Torrero), el cuerpo consular acreditado en Zaragoza (diez “cancillerías”, actualmente consulados y viceconsulados) y la lista de parroquias y despachos parroquiales. También información de la Facultad de Derecho, con nombres y direcciones particulares del profesorado. La clasificación del profesorado era muy diferente a la actual: catedráticos (los profesores agregados ya se habían integrado en el cuerpo de catedráticos), profesores adjuntos, numerarios y no numerarios (los llamados “penenes”) y otras figuras como los asociados.

La información jurídica aragonesa propiamente dicha finalizaba con los datos del Tribunal Tutelar de Menores en La Gasca, 7. El órgano sucesor, el Juzgado de Menores, tuvo allí su sede, y el segundo Juzgado de Menores estuvo en Doctor Fleming, 4. Fueron, junto a los Juzgados de lo Contencioso, los primeros órganos que se trasladaron a la Ciudad de la Justicia en Ranillas.

A continuación venían los listados de los colegios profesionales que incluían la relación de sus componentes (Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, Arquitectos, Aparejadores, Corredores de Comercio luego integrados con los notarios, Ingenieros etc.) y otras asociaciones como una nutrida Asociación Aragonesa de Sociología.

La guía se cerraba por fin con los datos del Tribunal Supremo, compuesto entonces por seis Salas: Primera de lo Civil; Segunda de lo Penal; Tercera, Cuarta y Quinta, de lo Contencioso-Administrativo y Sexta de Cuestiones sociales. Lo presidía Ángel Escudero del Corral.

El “Boletín del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza” era la publicación trimestral de nuestro colegio y lo dirigía Miguel Monserrat Gámiz. Este mismo año comenzó una nueva etapa abriéndose a los colegios de Huesca y Teruel y cambiando de nombre: “Boletín de los Colegios de Abogados de Aragón”. Constaba de unas secciones más o menos fijas: “Vida colegial”, donde se informaba de los acuerdos de la Junta de Gobierno (algo que desgraciadamente se ha ido perdiendo en las sucesivas etapas del boletín), altas y bajas de compañeros, información de biblioteca, cursos de formación y también otros acontecimientos de interés para la profesión; “Doctrina”, donde se publicaban muy completos estudios de derecho sustantivo, de derecho procesal, históricos, filosóficos, etc; la otra sección habitual era “Para ser inmortales nos levanta…” (el título corresponde a un verso de “El seno de Abrahán”, poema de Juan de Plano, un abogado zaragozano de los siglos XVIII-XIX: Loemos al Señor, que en gloria tanta, / si de la muerte en el profundo abismo / nos lanzó con su mano, hoy por sí mismo / para ser inmortales nos levanta) donde se recogían las necrológicas de los compañeros fallecidos. También se hacían semblanzas de los colegiados de honor cuando eran nombrados. Este año se prestó especial atención, como no podía ser menos, al desarrollo del régimen preautonómico aragonés.

La jurisprudencia aragonesa aún se recogía en el boletín pero ese mismo año empezó a publicarse por separado. Al boletín no llegaban todas las sentencias y las que llegaban solían hacerlo con bastante retraso. De los pliegos periódicos pasamos a la publicación en volúmenes anuales finalmente divididos por jurisdicciones. La publicación en papel duró hasta 1999. Simultáneamente se repartieron los CD editados por el Colegio con la colaboración de abogados recensionistas hasta 2001; después se externalizó a una editorial jurídica, “Europea de Derecho”, hasta 2004 y finalmente se acabó contratando la base de datos de “Tirant On Line”, que es una de las que hoy podemos consultar desde nuestros despachos. Aparte de la aparición de los ordenamientos autonómicos y europeo, el campo donde se ha producido la mayor revolución profesional ha sido el de la información jurídica: el ejercicio profesional actual sería inconcebible sin las nuevas herramientas ofimáticas y sin internet. Esto excede con mucho el objeto de este artículo así que lo vamos a dejar aquí.

Concluyo así este vistazo al pasado reciente (para las nuevas y más despejadas generaciones el pasado remoto) de la profesión a través de las listas y del “Boletín”. En este tiempo en el que hemos pasado desde las loas casi unánimes a la “Santa Transición” hasta su total cuestionamiento resulta obligado citar a Adolfo Suárez quien dijo en la tribuna del Congreso en abril de 1978 que: “al Gobierno se le pide con frecuencia que construya, o colabore a construir, porque todos somos constructores, el edificio del Estado nuevo, sobre el edificio del Estado antiguo, y se nos pide que cambiemos las cañerías del agua, teniendo que dar agua todos los días; se nos pide que cambiemos los conductos de la luz, el tendido eléctrico, dando luz todos los días; se nos pide que cambiemos el techo, las paredes y las ventanas del edificio, pero sin que el viento, la nieve o el frío perjudiquen a los habitantes de ese edificio; pero también se nos pide a todos que ni siquiera el polvo que levantan las obras de ese edificio nos manche, y se nos pide también, en buena parte, que las inquietudes que causa esa construcción no produzcan tensiones”.

También advertía Francisco Tomás y Valiente, catedrático de Historia del Derecho y ex presidente del Tribunal Constitucional asesinado por ETA que: “(…) tan dañino como cultivar el estudio del pasado volviendo la espalda a los problemas actuales es vivir inmersos en un presente cada vez más fugaz con olvido de la historia, esto es, sin memoria colectiva”. Espero que esta mirada al ayer haya servido para recordar el pasado a los compañeros más veteranos, para darlo a conocer entre los más jóvenes y para reconocernos todos como eslabones de una cadena con más de seiscientos años de vida…