Aprovechando que con este número de Stamdum est Chartae concluimos el año 2017, deseo mandar un mensaje de confianza para el próximo curso. Hemos de iniciar el 2018 con más ánimo e ilusión si cabe.
Hace unas semanas se publicó la Ley 9/2017, de 19 de octubre, por la que se regulan los servicios de asesoramiento y orientación jurídicos gratuitos de Aragón. Aunque esté pendiente de desarrollo reglamentario y, esperamos, de dotación presupuestaria suficiente, al menos el horizonte a medio y largo plazo parece ser optimista. Finalizaremos con esta norma con la mercantilización de determinados servicios que pueden considerarse un trasunto de los propios de la Justicia Gratuita -según el diseño fijado por la Ley 1/1996-.
A pesar de lo anterior, sigue pendiente de sentencia el recurso contencioso administrativo instado por el Colegio contra el Decreto 161/2016, por el que se modificaba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita del Gobierno de Aragón.
Con independencia de cómo se resuelva este proceso, nos consta, por otro lado, que el Gobierno del Estado está preparando un nuevo Reglamento de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Con esta reforma previsiblemente se podrá dotar de seguridad y certeza a las actuaciones de los Colegios de Abogados, muchas veces objeto de sanciones por parte de las Comisiones de Defensa de la Competencia. Aunque parezca mentira, la Orden Ministerial de 3 de junio de 1997, reguladora de los requisitos de acceso a los servicios de justicia gratuita, está generando problemas interpretativos a las tres décadas de su publicación.
Asimismo el Gobierno de España recientemente ha hecho público el Plan Anual Normativo, en el que se anuncian interesantes y, sobre todo, necesarias reformas en varias leyes de nuestro sistema jurídico. La Abogacía hará el esfuerzo de participar mediantes las oportunas alegaciones a la mejora de estas normas en preparación. No obstante, y siendo realista, mucho nos tememos que buena parte de las aspiraciones del Gobierno no saldrán adelante. Esperemos que nuestros Diputados en Cortes sean generosos y, aparcando sus pugnas políticas, tengan altura de miras en la consecución de algunas de estas reformas, demandadas desde hace años.
Se pretende la reforma del Código Penal para introducir varias Directivas comunitarias, así como modificar el Estatuto del Ministerio Fiscal. Se están preparando retoques de calado del Código Civil en aspectos tales como obligaciones y contratos, o la discapacidad. De la misma manera se pretende dar impulso a cuestiones referidas a la ejecución de sentencia y la mediación en la Ley de Enjuiciamiento Civil, abordando además la simplificación y agilización de los procesos civiles. En un ámbito más cercano al nuestro, el de la Abogacía, se intentará aprobar el nuevo Estatuto General de la Abogacía Española (que estaba ya formulado por el Consejo General desde junio de 2013), así como modificar la Ley de Acceso y su Reglamento. Sin ánimo de agotar la extensa lista de materias objeto de cambios, ya se advierte el voluminoso trabajo que tenemos por delante.
En lo que afecta a nuestro Colegio hemos de celebrar la constitución de varias Secciones, tales como la de Protección de Derechos de la Persona y la de Defensa de Derechos de los Animales que, junto a las creadas en los dos últimos años, evidencian una actividad y empuje de los compañeros más que notable. Y algunas Secciones ya constituidas y con larga tradición de trabajo y colaboración, acaban de ser objeto de renovación en su Junta Directiva, como la Agrupación de Abogados Jóvenes.
En definitiva, queridos compañeros, tenemos por delante muchos e interesantes retos que abordar, y os animo una vez más a que participéis. No sobra nadie en las muchas tareas que se nos presentan en el año 2018.
Antonio Morán Durán